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- Out 5, 2021
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La sanidad privada acusa al Gobierno de pretender desmantelar Muface culpando a las empresas aseguradoras
Las compañías están estudiando las condiciones del nuevo concierto. Tienen un mes para decidir si acuden o no a la renovación.
«Cada renovación del concierto de Muface es complicada, pero nunca ha habido tanta tensión como en esta ocasión». Con esta afirmación, fuentes al tanto de las negociaciones abiertas entre el Gobierno y las aseguradoras para renovar el convenio resumen una situación que amenaza con dejar en el aire la cobertura sanitaria de cientos de miles de funcionarios y sus familias.
El Gobierno ha puesto sobre la mesa la mayor subida de la prima de la historia de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Pero la oferta aprobada en el Consejo de Ministros de este martes, que mejora la dotación presupuestaria en más de un 17%, ni convence a las compañías que prestan el servicio en la actualidad -Adeslas, Asisa y DKV- ni resulta atractiva para otras empresas del sector, que, a falta de echar cuentas más precisas, conocen perfectamente el balance de pérdidas al que se han visto abocadas las actuales adjudicatarias por la fuerte escalada de los costes que han sufrido en los últimos años.
Con este escenario como telón de fondo, las partes implicadas toman posiciones. El Gobierno defiende el esfuerzo presupuestario. Las aseguradoras, que no pueden seguir incurriendo en pérdidas porque están poniendo en riesgo su solvencia financiera. Y los sindicatos más representativos en el sector público, que las negociaciones tienen que llegar sí o sí a buen puerto porque la finalización del convenio implicaría derivar a un millón y medio de funcionarios a una sanidad pública ya extremadamente saturada.
La sanidad privada, por su parte, acusa al Ejecutivo de querer desmantelar un modelo que ya ha venido siendo mermado en los últimos años, y de pretender hacerlo, además, culpando a las aseguradoras privadas. «Se quiere acabar con el modelo, pero que sea la empresa la que diga que no y así evitar tomar la decisión de acabar con el mismo», denunciaba este martes el presidente de la patronal del sector ASPE, Carlos Rus, tras conocer la -a su juicio, «insuficiente»- subida de la prima aprobada por el Consejo de Ministros.
Rus vino a afirmar así lo que viene denunciando el sector desde hace años. Que los sucesivos gobiernos han ido poco a poco mermando los servicios de Muface con una financiación insuficiente, restando atractivo al modelo tanto para las aseguradoras como para los funcionarios, y para los propios profesionales que prestan la asistencia a honorarios cada vez más bajos. Y que ahora el Ejecutivo pretende trasladar a la opinión pública que si no se renueva el convenio para 2025 y 2026 es por culpa de las empresas que no acuden al concierto en las mejores condiciones de la historia, no por falta de financiación.
Esto eleva la presión aún más si cabe sobre las aseguradoras, que ahora tienen aproximadamente un mes para decidir si acuden o no al concierto, según fuentes conocedoras del proceso que descartan que haya margen para mejorar las condiciones plasmadas por le Gobierno en los nuevos pliegos.
Las compañías ya están inmersas en el análisis técnico de las condiciones y los equipos directivos están en contacto tanto con el Ministerio de Función Pública como con los proveedores de servicios sanitarios. A la espera de conocer el detalle de los pliegos y las condiciones específicas de las otras dos mutualidades del sector público, Mugeju (dirigida a la judicatura) e Isfas (para militares) todavía no han podido hacer una valoración completa para adoptar una decisión sobre si permanecer prestando servicios en Muface.
Con todo, desde una de las grandes aseguradoras que no descartan renovar el concierto inciden en que siempre han estado «a favor» de un modelo que «eligen el 80% de los funcionarios de forma voluntaria», pero «hay que hacer sostenible el nuevo contrato y dejar de incrementar las pérdidas tan lesivas que hemos sufrido con este último convenio».
El Mundo
Las compañías están estudiando las condiciones del nuevo concierto. Tienen un mes para decidir si acuden o no a la renovación.
«Cada renovación del concierto de Muface es complicada, pero nunca ha habido tanta tensión como en esta ocasión». Con esta afirmación, fuentes al tanto de las negociaciones abiertas entre el Gobierno y las aseguradoras para renovar el convenio resumen una situación que amenaza con dejar en el aire la cobertura sanitaria de cientos de miles de funcionarios y sus familias.
El Gobierno ha puesto sobre la mesa la mayor subida de la prima de la historia de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Pero la oferta aprobada en el Consejo de Ministros de este martes, que mejora la dotación presupuestaria en más de un 17%, ni convence a las compañías que prestan el servicio en la actualidad -Adeslas, Asisa y DKV- ni resulta atractiva para otras empresas del sector, que, a falta de echar cuentas más precisas, conocen perfectamente el balance de pérdidas al que se han visto abocadas las actuales adjudicatarias por la fuerte escalada de los costes que han sufrido en los últimos años.
Con este escenario como telón de fondo, las partes implicadas toman posiciones. El Gobierno defiende el esfuerzo presupuestario. Las aseguradoras, que no pueden seguir incurriendo en pérdidas porque están poniendo en riesgo su solvencia financiera. Y los sindicatos más representativos en el sector público, que las negociaciones tienen que llegar sí o sí a buen puerto porque la finalización del convenio implicaría derivar a un millón y medio de funcionarios a una sanidad pública ya extremadamente saturada.
La sanidad privada, por su parte, acusa al Ejecutivo de querer desmantelar un modelo que ya ha venido siendo mermado en los últimos años, y de pretender hacerlo, además, culpando a las aseguradoras privadas. «Se quiere acabar con el modelo, pero que sea la empresa la que diga que no y así evitar tomar la decisión de acabar con el mismo», denunciaba este martes el presidente de la patronal del sector ASPE, Carlos Rus, tras conocer la -a su juicio, «insuficiente»- subida de la prima aprobada por el Consejo de Ministros.
Rus vino a afirmar así lo que viene denunciando el sector desde hace años. Que los sucesivos gobiernos han ido poco a poco mermando los servicios de Muface con una financiación insuficiente, restando atractivo al modelo tanto para las aseguradoras como para los funcionarios, y para los propios profesionales que prestan la asistencia a honorarios cada vez más bajos. Y que ahora el Ejecutivo pretende trasladar a la opinión pública que si no se renueva el convenio para 2025 y 2026 es por culpa de las empresas que no acuden al concierto en las mejores condiciones de la historia, no por falta de financiación.
Esto eleva la presión aún más si cabe sobre las aseguradoras, que ahora tienen aproximadamente un mes para decidir si acuden o no al concierto, según fuentes conocedoras del proceso que descartan que haya margen para mejorar las condiciones plasmadas por le Gobierno en los nuevos pliegos.
Las compañías ya están inmersas en el análisis técnico de las condiciones y los equipos directivos están en contacto tanto con el Ministerio de Función Pública como con los proveedores de servicios sanitarios. A la espera de conocer el detalle de los pliegos y las condiciones específicas de las otras dos mutualidades del sector público, Mugeju (dirigida a la judicatura) e Isfas (para militares) todavía no han podido hacer una valoración completa para adoptar una decisión sobre si permanecer prestando servicios en Muface.
Con todo, desde una de las grandes aseguradoras que no descartan renovar el concierto inciden en que siempre han estado «a favor» de un modelo que «eligen el 80% de los funcionarios de forma voluntaria», pero «hay que hacer sostenible el nuevo contrato y dejar de incrementar las pérdidas tan lesivas que hemos sufrido con este último convenio».
El Mundo