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La Fiscalía archiva la investigación a Juan Carlos I pese a constatar numerosas irregularidades fiscales
El ministerio público confirma que no se va a querellar contra el rey emérito
El horizonte judicial de Juan Carlos I en España ha quedado despejado. Tras casi dos años de investigación, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha confirmado que no se va a querellar contra quien fuera jefe de Estado entre 1975 y 2014 y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha firmado ya el decreto de archivo de las tres diligencias que mantenía abiertas el ministerio público. La Fiscalía archiva la investigación al rey emérito pese a constatar numerosas irregularidades fiscales. Los fiscales del Supremo que han estado a cargo de las investigaciones consideran que la imposibilidad de perseguir presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito antes de su abdicación, las dos propuestas de regularizaciones fiscales que presentó en diciembre de 2020 y febrero de 2021 y la ausencia de otras pruebas cierran la puerta a la posibilidad de pedirle al Tribunal Supremo que actúe contra el rey emérito.
La decisión de la Fiscalía pone fin a casi dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la del Supremo, que buscaban indicios de delitos fiscales y otros relacionados con negocios internacionales en los que había participado supuestamente Juan Carlos I.
Las pesquisas se iniciaron para indagar el cobro de comisiones ilegales por la supuesta intermediación del rey emérito para que el contrato de las obras del AVE a La Meca fuera otorgado a un consorcio empresarial español. Meses más tarde, la Fiscalía abrió otras dos líneas de investigación: el uso por parte de Juan Carlos I de fondos de un empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause, que en septiembre de 2020 reconoció a la Fiscalía Anticorrupción que había regalado cerca de un millón de euros al anterior jefe de Estado español entre 2016 y 2018. El rey emérito no declaró a Hacienda estos regalos hasta diciembre de 2020, cuando declaró 678.393 euros para poder acogerse al artículo 305.4 del Código Penal, que establece que la regularización de la situación tributaria “impedirá” perseguir las irregularidades contables cometidas previamente. La tercera investigación que mantenía abierta la Fiscalía se centraba en la existencia de dinero oculto en un trust financiero domiciliado en el paraíso fiscal de las islas del Canal y abierto en 2004 por Joaquín Romero Maura, historiador y consejero de don Juan Carlos, que figuró entre los titulares de esta sociedad.
Una vez cerradas las tres diligencias abiertas en España y después de que en diciembre pasado la justicia suiza archivara la investigación que se había iniciado en ese país en 2018 por el presunto cobro de comisiones en las obras del AVE a La Meca, el rey emérito solo tiene ya pendiente de resolución el procedimiento civil abierto en el Reino Unido después de que Corinna Larsen le demandara por el supuesto acoso que asegura que sufrió desde el año 2012 por parte de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que, según su denuncia, actuaban por orden del monarca. El tribunal tiene que decidir si el exmonarca español preserva su inmunidad para no ser juzgado.
EL PAÍS
El ministerio público confirma que no se va a querellar contra el rey emérito
El horizonte judicial de Juan Carlos I en España ha quedado despejado. Tras casi dos años de investigación, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha confirmado que no se va a querellar contra quien fuera jefe de Estado entre 1975 y 2014 y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha firmado ya el decreto de archivo de las tres diligencias que mantenía abiertas el ministerio público. La Fiscalía archiva la investigación al rey emérito pese a constatar numerosas irregularidades fiscales. Los fiscales del Supremo que han estado a cargo de las investigaciones consideran que la imposibilidad de perseguir presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito antes de su abdicación, las dos propuestas de regularizaciones fiscales que presentó en diciembre de 2020 y febrero de 2021 y la ausencia de otras pruebas cierran la puerta a la posibilidad de pedirle al Tribunal Supremo que actúe contra el rey emérito.
La decisión de la Fiscalía pone fin a casi dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la del Supremo, que buscaban indicios de delitos fiscales y otros relacionados con negocios internacionales en los que había participado supuestamente Juan Carlos I.
Las pesquisas se iniciaron para indagar el cobro de comisiones ilegales por la supuesta intermediación del rey emérito para que el contrato de las obras del AVE a La Meca fuera otorgado a un consorcio empresarial español. Meses más tarde, la Fiscalía abrió otras dos líneas de investigación: el uso por parte de Juan Carlos I de fondos de un empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause, que en septiembre de 2020 reconoció a la Fiscalía Anticorrupción que había regalado cerca de un millón de euros al anterior jefe de Estado español entre 2016 y 2018. El rey emérito no declaró a Hacienda estos regalos hasta diciembre de 2020, cuando declaró 678.393 euros para poder acogerse al artículo 305.4 del Código Penal, que establece que la regularización de la situación tributaria “impedirá” perseguir las irregularidades contables cometidas previamente. La tercera investigación que mantenía abierta la Fiscalía se centraba en la existencia de dinero oculto en un trust financiero domiciliado en el paraíso fiscal de las islas del Canal y abierto en 2004 por Joaquín Romero Maura, historiador y consejero de don Juan Carlos, que figuró entre los titulares de esta sociedad.
Una vez cerradas las tres diligencias abiertas en España y después de que en diciembre pasado la justicia suiza archivara la investigación que se había iniciado en ese país en 2018 por el presunto cobro de comisiones en las obras del AVE a La Meca, el rey emérito solo tiene ya pendiente de resolución el procedimiento civil abierto en el Reino Unido después de que Corinna Larsen le demandara por el supuesto acoso que asegura que sufrió desde el año 2012 por parte de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que, según su denuncia, actuaban por orden del monarca. El tribunal tiene que decidir si el exmonarca español preserva su inmunidad para no ser juzgado.
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