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- Out 5, 2021
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El PP pide a la Comisión Europea que evalúe si la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal vulnera la independencia judicial en España
Dolors Monserrat advierte de que la reforma, que transfiere la instrucción penal al Ministerio Fiscal y restringe la acusación popular, puede comprometer la separación de poderes y la tutela judicial efectiva
La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha solicitado a la Comisión Europea que analice si la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez respeta el Derecho de la Unión y las garantías de independencia judicial establecidas en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea.
La eurodiputada advierte de que la reforma transfiere la instrucción penal al Ministerio Fiscal (cuyo fiscal general nombra el Ejecutivo) y limita la acusación popular, con posible impacto sobre la separación de poderes y la tutela judicial efectiva.
“La independencia judicial no es un asunto que deba decidir un gobierno”, ha señalado Montserrat, que reclama garantías para evitar interferencias políticas en la labor de jueces y fiscales.
Riesgo de politización de la justicia
Asociaciones judiciales y fiscales han alertado de que trasladar la instrucción a la Fiscalía sin asegurar su autonomía real “supone un riesgo de politización y pérdida de imparcialidad”.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado en su jurisprudencia que la independencia judicial es un pilar esencial del Estado de derecho y condición para garantizar la tutela judicial efectiva.
Montserrat sostiene que el modelo proyectado acentúa la dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal respecto del Ejecutivo y reduce mecanismos de control ciudadano. “Convertir a los fiscales en investigadores bajo una jerarquía política es un paso atrás en independencia y transparencia”, ha advertido.
Petición formal a la Comisión Europea
El Partido Popular pide que la Comisión determine si la ley es compatible con el acervo comunitario y que interpele al Gobierno de España antes de su entrada en vigor. Solicita, además, que el examen se incorpore al próximo Informe sobre el Estado de Derecho.
La iniciativa solicita una evaluación específica del impacto que tendrían el traslado de la instrucción y la limitación de la acusación popular sobre la tutela judicial efectiva y las garantías de independencia e imparcialidad.
“Una justicia fuerte e independiente es la mejor garantía contra el abuso de poder”, ha concluido Montserrat.
Estrella Digital
Dolors Monserrat advierte de que la reforma, que transfiere la instrucción penal al Ministerio Fiscal y restringe la acusación popular, puede comprometer la separación de poderes y la tutela judicial efectiva
La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha solicitado a la Comisión Europea que analice si la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez respeta el Derecho de la Unión y las garantías de independencia judicial establecidas en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea.
La eurodiputada advierte de que la reforma transfiere la instrucción penal al Ministerio Fiscal (cuyo fiscal general nombra el Ejecutivo) y limita la acusación popular, con posible impacto sobre la separación de poderes y la tutela judicial efectiva.
“La independencia judicial no es un asunto que deba decidir un gobierno”, ha señalado Montserrat, que reclama garantías para evitar interferencias políticas en la labor de jueces y fiscales.
Riesgo de politización de la justicia
Asociaciones judiciales y fiscales han alertado de que trasladar la instrucción a la Fiscalía sin asegurar su autonomía real “supone un riesgo de politización y pérdida de imparcialidad”.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado en su jurisprudencia que la independencia judicial es un pilar esencial del Estado de derecho y condición para garantizar la tutela judicial efectiva.
Montserrat sostiene que el modelo proyectado acentúa la dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal respecto del Ejecutivo y reduce mecanismos de control ciudadano. “Convertir a los fiscales en investigadores bajo una jerarquía política es un paso atrás en independencia y transparencia”, ha advertido.
Petición formal a la Comisión Europea
El Partido Popular pide que la Comisión determine si la ley es compatible con el acervo comunitario y que interpele al Gobierno de España antes de su entrada en vigor. Solicita, además, que el examen se incorpore al próximo Informe sobre el Estado de Derecho.
La iniciativa solicita una evaluación específica del impacto que tendrían el traslado de la instrucción y la limitación de la acusación popular sobre la tutela judicial efectiva y las garantías de independencia e imparcialidad.
“Una justicia fuerte e independiente es la mejor garantía contra el abuso de poder”, ha concluido Montserrat.
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